Nuestro compañero Joseph Massad, profesor en Columbia, explica con ironía que “la razón de la actual ‘violencia’ en Israel y Palestina no es causa del colonialismo israelí, en absoluto, es más bien una consecuencia directa de una mala traducción”. Mientras el colonialismo se impone y extiende mediante ocupación, dominación, robo de tierras, saqueo de recursos, segregación, expulsiones, cárcel, tortura y masacres, su relato repite que “colonialismo es paz” y “anticolonialismo es guerra”, como Orwell en 1984. El lenguaje se convierte así en un arma que sostiene, legitima y naturaliza la dominación colonial y su consumación en forma de genocidio.
Por eso el propósito de este documento es doble: por una parte, señalar los hechos más importantes acontecidos en ese lugar del mundo llamado Palestina y sus diferentes territorios ocupados, hechos a menudo omitidos o presentados de manera parcial en el discurso público y mediático. El segundo propósito es examinar los términos y expresiones empleados para hablar de esa realidad histórica, así como sus doctrinas o marcos interpretativos de referencia. Aquí cuestionamos y corregiremos, si es necesario, esos términos de manera argumentada. El objetivo último es mejorar nuestro conocimiento de la realidad histórica y actual de (la ocupación de Israel en) Palestina y de (Palestina bajo ocupación de) Israel, para poder comunicarla con rigor.
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Israel NO tiene derecho a defenderse.
NO existe el derecho a la defensa de una potencia ocupante
De hecho, una potencia ocupante no tiene “derechos” sino obligaciones: «a devolver la tierra, los huertos, los olivares y otros bienes raíces confiscados a cualquier persona física o jurídica … a cesar su violación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, poner fin a su ocupación de los territorios palestinos y reconocer el Estado de Palestina. Y proporcionar reparación».
Existen múltiples resoluciones de Naciones Unidas en las que se exige el cese de cualquier acción armada contra los pueblos dependientes (Resolución 1514 de 1960) y se reconoce explícitamente el derecho de los pueblos bajo dominación colonial a utilizar cualquier medio a su alcance, incluida la lucha armada, para resistir la ocupación y alcanzar la independencia (R2649 de 1970). Incluso se habla específicamente de la vulneración de los derechos inalienables del pueblo palestino y de los repetidos actos de agresión de Israel contra los pueblos de la región (R37/43 de 1982).
Estas resoluciones y los principios de la Carta de la ONU en su artículo 1(2) (esa Carta que el embajador israelí trituró en el propio estrado de la asamblea en mayo de 2024) son la base legal de la legítima resistencia contra toda ocupación colonial, especialmente cuando el objetivo es la autodeterminación y la independencia.
Según las resoluciones R3070 de 1973 y R45/130 de 1990 y el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra (1977),los Estados reconocen a los pueblos sometidos bajo dominación colonial o extranjera la legitimidad de oponer ‘resistencia’, incluida la lucha armada, a las medidas de fuerza que los priven de su derecho a la libre determinación.
Además, el Derecho internacional define la expansión de los asentamientos (y con ellos de la dominación colonial) como un crimen de guerra, lo que implica que Israel está obligado, como potencia ocupante, a respetar los derechos humanos en los territorios ocupados y a velar por la integridad de todas las personas que están bajo su control efectivo debido a la ocupación.
Conclusión: como cualquier población en esas circunstancias y bajo esa misma agresión, son las y los palestinos quienes tienen sobradamente reconocido el derecho a defenderse ante la violación de sus derechos.
Es un sinsentido decir que una potencia ocupante que lleva 76 años ejecutando una limpieza étnica en Palestina pueda estar “defendiéndose” ante la población agredida. Es falso, pues, que Israel tenga “derecho a defenderse”. Sólo los palestinos tienen derecho a defenderse. Cualquier otra conclusión es una invención sin fundamento legal.
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Israel NO es una democracia porque, entre otras cosas,
practica el “apartheid” y la limpieza étnica de los y las palestinas
Los medios de comunicación occidentales han construido un relato en el que el Estado sionista israelí aparece como la “única democracia de la región”. Sin embargo, los hechos cuentan otra cosa.
Para empezar, el Estado se declara confesional: un Estado para “los judíos”. Una curiosa “democracia” en la que “uno debe ser judío para tener derechos civiles plenos” (Haim Bresheeth-Zabner). Es el único Estado sin fronteras legalmente establecidas en una constitución o texto equivalente. Promulga leyes discriminatorias y supremacistas que consideran al pueblo judío una raza superior. Practica el apartheid discriminando a la población no judía según su etnia o su religión. La discriminación se extiende también a la población cristiana, incluso a la judía que se oponga al apartheid y al sionismo.
Israel ha promulgado varias leyes para asegurar y proteger a las y los colonos que usurpan las tierras palestinas y asegurar el dominio de las y los ciudadanos judíos. Mientras niega el derecho inalienable de las y los palestinos expulsados de sus tierras en 1948 (Res 194 ONU), ha promulgado una “ley de retorno” que otorga automáticamente la ciudadanía israelí a cualquier persona judía del mundo que lo solicite, dondequiera que viva o haya nacido.
Desde su creación, Israel ha practicado la expansión territorial alentando el asentamiento de colonos judíos, creando cinturones de judaización para separar pueblos y ciudades palestinas, secando fuentes de agua, demoliendo casas palestinas, aplicando el castigo colectivo, bombardeando pueblos, encarcelando sin juicio y torturando.
Numerosos informes de relatoras y relatores de la ONU y organismos de derechos humanos, incluidas organizaciones israelíes, documentan más de 200 métodos de tortura empleados contra las personas palestinas.
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Israel vive y funciona en la más absoluta e impune ilegalidad
desde su fundación
Desde el origen de su existencia (15/05/1948), Israel ha incumplido 78 resoluciones de la ONU, lo que equivale a decir que suma más resoluciones incumplidas que los otros 192 países del planeta juntos.
Sumemos los 46 vetos de EEUU a las resoluciones condenatorias del Consejo de Seguridad, más el silencio y la complicidad de la Unión Europea. Ni uno solo de los 30 Derechos Humanos se ha cumplido en Palestina desde la proclamación de la Declaración Universal el 10/12/1948. Según esta carta, el pueblo palestino tiene derecho a ejercer su libre autodeterminación, al desarrollo económico, social y cultural. Un derecho a vivir libre que nunca ha existido, por mucho que la Resolución 242 (1967) de la ONU exija la retirada de la ocupación israelí.
La violencia ejercida por las fuerzas de ocupación se manifiesta en la destrucción sistemática de instituciones públicas: centros educativos en todos los niveles y matanzas del personal cualificado en todas las áreas — cuerpos sanitarios, docentes, personal de investigación…
Confiscando tierras y construyendo asentamientos ilegales, las Fuerzas de Ocupación Israelíes [FOI] y los grupos de colonos/as armados han restringido gravemente la movilidad, el acceso al agua y otros recursos del pueblo palestino en su propia tierra. Además de la destrucción de la franja de Gaza y el desplazamiento forzoso de los gazatíes, la ocupación israelí impide el acceso al agua a más de 660.000 personas palestinas sin acceso a agua corriente o con suministro inadecuado en Cisjordania.
La población expulsada de sus tierras en 1948 y sus descendientes tienen reconocido el derecho inalienable a volver a sus hogares si lo desean (Resolución 194, 1948), pero no se les permite ni movimiento ni volver al lugar de origen, lo que resulta en otra violación del artículo 13(2) de la DUDDHH: “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluido el propio, y a regresar a su país”.
La ocupación de los territorios palestinos por las fuerzas militares de Israel es ilegal, destruye las condiciones de vida de la población, la somete a asedio, le impide construir viviendas e infraestructuras, la priva de educación y atención sanitaria, y la mantiene en niveles de pobreza extrema.
En 2007, el relator especial de la ONU para los territorios palestinos calificó la situación como“holocausto palestino”.
Su sucesora Francesca Albanese habla de genocidio y pide que se investigue a los países que apoyan al estado de Israel por complicidad con éste.
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La relación entre Israel y Palestina NO es “un conflicto”
SINO una relación de colonialismo y ocupación militar
La narrativa occidental sostiene que la relación entre Israel y Palestina es muy compleja, si bien es fácil de entender: Israel existe para defender los intereses coloniales de las potencias occidentales en Oriente Próximo.
Nunca se ha descrito la cuestión palestina como lo que realmente es: una relación de colonización, ocupación y limpieza étnica que justifica (ética, política y jurídicamente) la defensa de la causa palestina como respuesta a la montaña de crímenes que sostiene dicha relación.
El relato occidental sustituyó, desde finales de los años ochenta, “cuestión palestina”por “conflicto israelí-palestino”para describir la relación entre Israel y Palestina. Más tarde, en el colmo de esa manipulación, la expresión “conflicto árabe-israelí” comenzó a presentar a Israel como víctima amenazada para borrar el nombre Palestina del diccionario. El término conflicto es una etiqueta impuesta desde Occidente por el discurso orientalista para engañar e invisibilizar:
(1) los roles participantes (personas colonizadoras, ocupantes y aliadas, versus personas ocupadas-colonizadas).
(2) los derechos del pueblo palestino (pueblo ocupado y colonizado que tiene, según la legislación internacional, todo el derecho a defenderse) y la negación de dicho derecho a la potencia ocupante y colonizadora.
(3) que la verdadera solución no puede ser una negociación entre ambas partes con EEUU como agente neutral, pues en una relación ocupante-ocupado no puede haber solución mediada. Esta falsedad oculta la verdadera solución: primero parar el genocidio que Israel comete con la enorme ayuda de los países occidentales que actúan a las órdenes de EEUU y, segundo, descolonizar Palestina.
El eufemismo conflicto comenzó a usarse en el contexto de los Acuerdos de Oslo (1993) que crearon a la Autoridad Palestina como peculiar contraparte a la que se encomienda garantizar la seguridad del estado de Israel a cambio de nada. El plan ocultaba el verdadero objetivo perseguido por Israel desde 1948: el apartheid, la limpieza étnica y el genocidio del pueblo palestino.
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EEUU NO es un mediador legítimo SINO parte interesada en la ocupación:
sus intereses en la zona le convierten en genocida
Israel defiende los intereses geopolíticos de EEUU. Por eso el gobierno de Biden-Harris, en la línea de todos sus antecesores, “sigue ofreciendo un apoyo incondicional a Israel independientemente de sus últimos actos sangrientos en la franja de Gaza y Cisjordania”.
Hace años, en un extraño ejercicio de sinceridad, Biden llegó a afirmar que “si no existiera Israel, Estados Unidos tendría que inventar uno para proteger sus intereses en la región”.
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NO hay una “guerra” SINO un genocidio
Las investigaciones de especialistas israelíes en historia, como Ilan Pappé han demostrado que el Estado sionista de Israel fue fundado sobre la expulsión y masacre de la población nativa palestina, lo que constituye una limpieza étnica y no una guerra entre dos contendientes.
El ejército israelí es uno de los más poderosos del mundo. La asimetría de fuerzas con la resistencia palestina es abismal. En la definición de guerra entendida como conflicto armado internacional, el Derecho Internacional Humanitario declara que deben participar dos o más ejércitos enfrentados y no un ejército ocupante contra una resistencia armada.
El proyecto de estado judío implicó el genocidio desde su origen. Como señala la relatora de la ONU Francesca Albanese, el genocidio es inherente a todo proyecto colonial de asentamiento. Sea en la “conquista del desierto” argentina o con la invasión del Lejano Oeste en Norteamérica, el genocidio comienza a pergeñarse la primera vez que se pronuncia la expresión “una tierra sin pueblo”.
En el caso que nos ocupa, tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como la ONU señalan que se está cometiendo un genocidio en Palestina, esa curiosa “tierra vacía” de gente que no para de ser masacrada.
No es cierto, pues, que el genocidio perpetrado hoy por Israel sea consecuencia de la acción que la resistencia palestina llevó a cabo hace un año. Al bloqueo impuesto por Israel en 2007 y al asedio por tierra, mar y aire se han sumado los bombardeos y consiguientes masacres de 2008-2009 (1.400 palestinos asesinados en 23 días), 2012 (170 palestinos asesinados en 8 días), 2014 (2.100 palestinos asesinados en 50 días), 2015-16 y 2021 (260 palestinos asesinados en 11 días).
El genocidio en curso ha roto todas las escalas del horror y la destrucción. Desde octubre de 2023, Israel lleva lanzadas sobre el gueto de Gaza más de 70.000 toneladas de bombas, superando la suma de los bombardeos de Londres, Dresde, Hiroshima y Nagasaki durante la II Guerra Mundial.
La masacre del pueblo palestino añade a la violencia física una clara intención de borrar su historia, cultura y futuro. La magnitud de la destrucción se refleja en terminología: urbicidio (la franja de Gaza reducida a 42 millones de toneladas de escombros), epistemicidio (asesinato, borrado y aniquilación de todo el conocimiento palestino),escolasticidio (lista de académicos asesinados por las FOI)…
… y ecocidio (destrucción absoluta del ecosistema): una ecología de guerra que se basa en destruir la infraestructura física y los entornos biológicos y sociales.
El genocidio abarca toda una constelación de destrucción de hospitales (25 hospitales bombardeados y 986 personal sanitario asesinado), escuelas (334 escuelas y 496 docentes), universidades (todas bombardeadas), así como ataques a la prensa (unos 200 periodistas) y ONGs (más de 200 personas empleadas de NNUU).
El reciente informe del Relator Especial de NNUU sobre el derecho a la alimentación denuncia el uso del hambre por Israel como táctica genocida. El deterioro de las condiciones de salubridad ha hecho que enfermedades erradicadas hace 25 años, como la poliomielitis, vuelvan a acechar a la población de la franja de Gaza y agraven la masacre producida por las bombas.
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La población de los asentamientos ilegales NO son “civiles” SINO mujeres y hombres colonos
El artículo 49 de la IV Convención de Ginebra (1949) sobre la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra establece que “la potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado”.
Eso significa que tanto las expulsiones como los asentamientos son ilegales, como ha seguido recordando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde 1967 hasta hoy. Entre otras: R242 (1967), R252 (1968), R267 (1969), R338 (1973), R446 (1979), R452 (1979), R465 (1980), R476 (1980), R478 (1980), R607 y R608 (1988), R636 y R641 (1989), R904 (1994), R1397, R1402 y R1435 (2002), R1515 (2003), R1544 (2004), R1850 (2008), R2334(2016)…
El mayor de todos ellos es el formado por los “barrios judíos” de Jerusalén. En el resto del territorio ocupado, la mayoría de la población colona ha formado grupos paramilitares armados por su gobierno y protegidos por las FOI.
En los últimos 11 meses, militares y personas ocupantes han asesinado a más de 700 personas en Cisjordania y desplazado forzosamente a 5.000. Más de 1.200 propiedades palestinas han sido demolidas. El gobierno de la ocupación ha aprobado 83 planes con más de 15.000 viviendas para las y los colonos en Cisjordania y Jerusalén.
Un número creciente de población colona “importada” a los terrenos ocupados y a las casas robadas es condición necesaria para que el estado sionista siga “limpiando” Palestina de las y los palestinos y se apropie de todo el territorio tras 57 años violando todas las normas del derecho internacional.
Nada de eso sería posible sin la complicidad de las empresas que se lucran contribuyendo al avance de la ocupación, el robo de tierras, la segregación y la expulsión. En 2020, la oficina de DDHH de la ONU publicó una lista de más de 100 compañías que operan en los asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Oriental. Ni las colonias son sostenibles sin esas inversiones ni la ocupación israelí puede existir sin las colonias.
Es una simple cuestión de números: individuos, ingresos, costes, beneficios, toneladas de bombas, de escombros, de cadáveres…
Ni legalmente ni de facto, la figura de una o un colono no ha sido nunca la de un “civil” ni lo será jamás. Una o un colono es por definición “ciudadano o ciudadana de un estado-ladrón”, siempre de un estado segregador y a menudo de un estado genocida. En el caso de la ocupación de Palestina, la o el colono tiene licencia para matar y es invitado a participar en primera línea de un proyecto sostenido por la perpetración de crímenes de guerra y lesa humanidad.
El año 2024 ha batido todos los récords en miles de hectáreas robadas: desde el 7 de octubre de 2023, los colonos israelíes han ocupado 3.570 m² de tierras palestinas por hora.
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La franja de Gaza NO es un país
SINO parte de un territorio ocupado llamado Palestina
El Consejo de Seguridad de la ONU (R242, 1967) y la CIJ (Rep 136, 2004) han afirmado y reafirmado la condición de Gaza como territorio ocupado.
Gaza es una franja de tierra bloqueada, sitiada y controlada por las FOI desde mucho antes de 2023: en 2006 ya cumplía todas las condiciones para ser considerada el mayor campo de concentración del planeta. La forma de confinamiento y asedio no dista de lo que las y los nazis hicieron a las personas judías europeas, pero la destrucción absoluta del gueto gazatí supera con creces cualquier crimen equiparable. En términos proporcionales, con 41 kms de largo y 6-12 de ancho,esta zona donde vivían hacinadas más de 2,3 millones de personas (la mitad niños y niñas ) ha sido convertida en el mayor campo de exterminio de la historia moderna.
En los primeros días de septiembre de 2024, el ejército de ocupación ha ejecutado en Cisjordania los mismos métodos de invasión, destrucción, expulsión y asesinato, justo cuando el ministro sionista de asuntos exteriores llamaba a “la evacuación temporal de residentes”. Poco después, el ministro sionista de defensa (ése que habló de “animales humanos”) explicaba así el plan en Cisjordania: “ahora mismo estamos cortando el césped. Llegará el momento de arrancar de raíz”.
En 50 años, unos 800.000 palestinos y palestinas han pasado por las cárceles del régimen sionista. En los últimos 11 meses,más de 700 personas han sido asesinadas por Israel en Cisjordania y más de 10.000 han sido encarceladas.
Repetimos las palabras de la Relatora Francesca Albanese: el genocidio es inherente al colonialismo de asentamiento. En Gaza estamos viendo su expresión más infame, pero el crimen de crímenes seguirá extendiéndose a toda Palestina si los estados cómplices de Israel no abandonan ese abyecto colaboracionismo que les convierte, también a ellos, en violadores absolutos del derecho internacional.
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La situación actual NO comenzó el 7 de octubre SINO en mayo de 1948
Es un hecho histórico constatado que la ocupación de tierras y el terror sionista empiezan años antes de 1948, comienzo de una Nakba permanente que no ha cesado hasta hoy.
Sin embargo, el relato impuesto por quienes ejecutan, promueven y colaboran con el genocidio en curso habla del 7-O como un acontecimiento súbito, sin contexto, surgido de la nada, sin más explicación que la condición diabólica de unos seres subhumanos que amenazan nuestra paz y nuestros “valores”, como podría deducirse de este surrealista (o no tanto) razonamiento:
Si hablamos de la mayor cárcel a cielo abierto del planeta, su población está presa, luego el 7-O fue un motín; si hablamos del mayor campo de concentración del mundo, su población está presa, luego el 7-O fue un motín; si hablamos de un campo de exterminio cuya población lleva años siendo sacrificada (con misiles o por asedio y bloqueo) en un matadero con muros, el 7-O fue un motín; si Palestina lleva décadas sufriendo una ocupación colonial, el 7-O fue una rebelión; si Palestina lleva décadas sufriendo políticas de apartheid, el 7-O fue una rebelión…
Conclusión: ¿qué pasó el 7-O? ¡Terrorismo!
¿Por qué? Pues porque “todo es terrorismo” menos si quien mata es el país ocupante, aunque la masacre borre del mapa a la mitad de la población. Todo, incluida la guerra. Desde el 11-S de 2001, en el siglo XXI todas las guerras declaradas por la minoría “civilizada” del planeta se libran “contra el terrorismo”, “por la democracia”, “para proteger”, “por motivos humanitarios”…
Como muestra de ese pintoresco cambio de época, Nelson Mandela acabaría retirado de la lista de “terroristas” en 2008, 16 años después de finalizar el Apartheid sudafricano.
La franja de Gaza ha sobrevivido bajo asedio desde 2007, con Israel controlando todo lo que entra o sale de la franja y masacrando a su población cada dos o tres años. Cisjordania también vive sometida a un régimen de apartheid en el que las FOI y los grupos de mujeres y hombres colonos armados atacan e impiden el desarrollo de cualquier actividad cotidiana.
Insistimos: la ocupación, el robo de tierras, el desplazamiento forzoso, las detenciones y torturas, los asesinatos y la limpieza étnica comenzaron hace más de 76 años.
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El antisionismo NO es antisemitismo SINO defensa de los DDHH
Antisemitismo significa prejuicio u odio hacia las y los “semitas”, personas que hablan hebreo, árabe u otras lenguas antiguas del Mediterráneo oriental. Israel y sus cómplices ignoran deliberadamente que las y los palestinos también son semitas, señalando como antisemita todo gesto de apoyo a la causa palestina y toda denuncia de los crímenes del estado sionista.
En el plano ideológico, el sionismo es esencialmente antisemita. Considera infrahumanos a las y los palestinos como las y los nazis consideraban a la población no-aria. Defienden la eliminación física de las palestinas y palestinos y consideran enemigos a todos los países que les rodean.
En la práctica, el sionismo no defiende al pueblo judío sino que emplea un discurso supremacista y xenófobo, predicando su superioridad por encima de cualquier otro pueblo, para luego practicar múltiples discriminaciones sobre “según qué personas judías”. Su objeto es otro, orientado como proyecto por los intereses geopolíticos del colonialismo supremacista blanco en Oriente Próximo.
Para el sionismo, una persona judía que condene el holocausto palestino es tan enemiga como cualquier otra defensora del derecho internacional.
Conviene distinguir entre judaísmo como religión, sionismo como ideología y movimiento político e Israel como estado ocupante, de apartheid y genocida. Ni la mayoría de personas judías del mundo apoyan los crímenes sionistas ni la mayoría de sionistas profesa el judaísmo — el control de los lobbies en la política norteamericana es un ejemplo del ejercicio del poder político e intelectual ejercido por el sionismo.
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El lema “Palestina libre del río al mar”
NO aboga por la eliminación física de las personas judías ni por la violencia contra ellas,
SINO por la descolonización de Palestina
Es un llamamiento al fin de la ocupación, al derecho de autodeterminación y a la creación de un único estado soberano y realmente democrático donde todas las personas puedan convivir en igualdad de derechos y sin apartheid.
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La causa palestina no se limita a Palestina,
es la causa de todos los pueblos oprimidos y condenados
La masacre del Estado sionista sobre Gaza destaca entre los crímenes de occidente sobre el Sur global. La continua violación de los DDHH en Gaza nos indigna por muchos motivos. Sólo las palabras genocidio y limpieza étnica dan respuesta a una escala de destrucción y asesinatos concentrada en una superficie de escasos 360 km2 y sólo comparable a los episodios más sangrientos de la II Guerra Mundial. Nos indigna por la transparencia, la accesibilidad y la cotidianidad con la que se asume y normaliza la masacre. Nos indigna por la hipocresía y el doble rasero con que las democracias liberales apartan su mirada. Nos indigna porque apuntala y exporta al mundo la consolidación del imperialismo y el colonialismo sin contención alguna.
La masacre en Gaza acecha a todos los pueblos desechados por el imperialismo y el colonialismo. Lo que vemos en Gaza es un ensayo del porvenir. Gaza nos habla de una realidad global.
Si el respeto de los DDHH es un principio universal, el Derecho Internacional debe ser efectivamente aplicado en el caso de todos los pueblos oprimidos, precarizados y condenados. Por hermosas que sean sus declaraciones, los derechos sólo existen si se materializan.
La causa palestina es una cuestión universal que funde ética y derecho, pues el Derecho Internacional dice responder a principios éticos de solidaridad entre naciones y nunca a un compromiso caritativo que viola la dignidad humana, como expuso Ghassan Abu Sitta, rector de la Universidad de Glasgow, en su conferencia en la Universidad de Valencia el 4/06/2024.
La causa palestina exige ejercer una solidaridad completa, no fingir solidaridades selectivas o flexibles.
En palabras de nuestro compañero Rodrigo Karmy, “la resistencia palestina abre una ética en el sentido de poner en juego una experiencia común en la que algo así como un mundo vuelve a ser posible y cuyo nombre pasa por el término SOLIDARIDAD”.
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Los estados terceros SÍ tienen obligaciones
ante la violación del derecho internacional por Israel.
NO pueden legalmente eludir estas obligaciones
La opinión consultiva de la CIJ de 19/07/2024 volvió a confirmar que la política ilegal israelí de ocupación de los territorios palestinos viola el derecho fundamental a la autodeterminación y la prohibición de la segregación racial, el apartheid y la anexión de territorios por la fuerza.
Ese pronunciamiento de la CIJ afirma también que todos los estados están obligados a no reconocer la situación ilegal, no contribuir directa o indirectamente a su mantenimiento y cooperar con la ONU y el derecho internacional para ponerle fin.
Los estados deben cumplir y hacer cumplir esta opinión consultiva y las resoluciones previas de la ONU sobre la política israelí en dichos territorios. Acabar con la ocupación ilegal es una obligación debida por todos los estados a Palestina y a la comunidad internacional en su conjunto (erga omnes – hacia todos), dado el carácter básico del derecho violado por Israel. El derecho de autodeterminación palestino es, pues, un derecho de toda la comunidad internacional, que nos implica ética y (tras la opinión consultiva) jurídicamente. Su violación lesiona a todos y todas.
Para cumplir esa orden de la CIJ, los estados deben revisar sus vínculos diplomáticos, políticos y económicos con Israel, incluyendo las relaciones de negocios, fianzas, fondos de pensiones, ONGs y relaciones académicas. También deben difundir las conclusiones de la CIJ para que en todos los niveles de la administración se comprenda plenamente que la presencia y las acciones de Israel en los territorios palestinos son ilegales, cuestión que debe ser reflejada en documentos públicos y en los sistemas educativos.
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POR LO TANTO,
LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS TIENEN OBLIGACIONES LEGALES
ANTE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL POR ISRAEL.
NO PUEDEN SER CÓMPLICES Y DEBEN ROMPER RELACIONES
Queda claro que el boicot institucional a todas las universidades israelíes no es sólo una opción legítima sino una medida obligatoria para todos los estados, como afirmó la CIJ en julio de 2024.
Las obligaciones de terceros países derivadas de esa opinión consultiva de la CIJ (entre otros posicionamientos de los tribunales internacionales) implican a las administraciones estatales y por ende a las universidades. Como entidad con autonomía en un estado que suscribe el derecho internacional, toda universidad debe alinearse explícitamente con éste.
Las universidades, que son centros de transmisión de conocimiento y valores universales, deben formar personas que se orienten éticamente en la dignidad del otro. Están obligadas a formar ciudadanía y no sólo personal técnico, en formar en principios éticos que fundamentan la dignidad de las personas, no basados en principios museísticos, sino dialógicos. También deben enmarcar sus actividades y relaciones en la obligación primera de no cooperar con las violaciones del derecho internacional e impedirlas activamente.
El derecho internacional no se cumple solo; sólo se cumple cuando sus normas se traducen en hechos.La pasividad o inacción ante una violación del derecho internacional puede convertir a la universidad en cómplice.
Por eso la universidad debe rechazar explícitamente la violación del derecho internacional por Israel e impedir su normalización. También está obligada a cumplirlo y hacer que sus entidades socias lo cumplan como condición para establecer o mantener sus relaciones. Es ineludible interrumpir toda colaboración con universidades, entidades y empresas que faciliten, toleren o se beneficien de violaciones del derecho internacional.
Las universidades están obligadas a introducir la llamada “cláusula esencial” relativa a asegurar el cumplimiento de todos los aspectos del derecho internacional, tanto en su código ético de investigación como en todas las relaciones académicas y económicas con universidades, entidades y empresas.
Esa cláusula esencial, que obliga tanto a individuos como a instituciones, implica rechazar la premisa falsa de que la financiación de la educación y la investigación no tiene relación alguna con las obligaciones éticas y jurídicas de la universidad. También comporta que la universidad ponga en práctica lo que proclama e integre en todas sus actividades y relaciones el pensamiento crítico, analítico y solidario que dice promover.
Como señala la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel [PACBI] nacida en 2004, “la academia israelí ha participado en el establishment político-militar hegemónico en Israel y, sin menospreciar los esfuerzos de un puñado de académicas y académicos con principios, está profundamente implicada en sustentar y perpetuar la negación sistemática de los derechos de las personas palestinas”. La Universidad de Tel Aviv, por ejemplo, ha desarrollado decenas de sistemas de armamento, así como la “doctrina Dahiya” o de fuerza desproporcionada, empleada por el Ejército israelí para cometer crímenes de guerra contra la población civil palestina y libanesa. Esta complicidad está ampliamente documentada.
La colaboración continúa durante el genocidio: desde octubre de 2023, las universidades públicas israelíes han salido en bloque (noviembre de 2023 y mayo de 2024) a defender la actuación de su ejército y su estado en al menos dos ocasiones, con evidente intención de justificar el genocidio ante la opinión pública internacional, criticando veladamente a las voces disidentes y sin atisbo de condena de las masacres. Su segunda misiva, directamente dirigida a la CRUE española, fue publicada cuando las pruebas del genocidio eran ya flagrantes.
En sus directrices sobre este boicot como forma de presión a Israel, PACBI propone la ruptura de relaciones académicas de institución a institución y no contra personal de investigación a título individual, inspirándose en el aislamiento internacional a que fue sometida la academia sudafricana durante el apartheid.
septiembre de 2024
más información en www.redxpalestina.org
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