Estimadas compañeras,

estimados compañeros,
 
ayer hicimos llegar a Rectorado el informe que tenéis disponible en el siguiente enlace en el que se resumen las principales conclusiones del informe ‘La Universidad ante el genocidio’ de Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado desde 1967, y se insta a los equipos rectorales de las Universidades Públicas a hacer suyas las siguientes cinco demandas:
 
  • Una condena clara y explícita contra la destrucción deliberada de las universidades palestinas en la franja de Gaza y los ataques a profesorado, estudiantes y personal universitario llevados a cabo por Israel.
  • Una exigencia de alto el fuego inmediato y permanente que permita todas las intervenciones humanitarias necesarias en la franja de Gaza.
  • La dotación de recursos económicos para la recepción y protección de estudiantes y personal académico en Palestina, actualmente en situación de riesgo, y para la participación en la reconstrucción de las universidades de Gaza, así como la adopción de medidas por parte de las universidades españolas para contribuir a la recuperación de sus centros y programas de enseñanza.
  • Evitar cualquier fórmula de colaboración con las universidades israelíes que se relacionen con el genocidio en Palestina, practiquen el apartheid con las/os estudiantes palestinas/os, sean conniventes con el genocidio o contribuyan a las estrategias israelíes de expansión, colonización, anexión, expolio de recursos y modificación de la composición demográfica del Territorio Palestino Ocupado, por ser contrarias al Derecho Internacional. Todo ello exige la suspensión, con efecto inmediato, de la cooperación con instituciones académicas israelíes, empresas y centros asociados públicos o privados mientras Israel continúe ejecutando sus ataques a la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, incumpliendo sus obligaciones como fuerza ocupante.
  • La ruptura de relaciones diplomáticas con Israel por parte del Gobierno de España, así como la solicitud de suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel por incumplimiento de las cláusulas de dicho acuerdo en materia de respeto a los Derechos Humanos, la detención y el bloqueo inmediato por el Gobierno de España de todo suministro de armas a Israel y la rescisión de todas sus relaciones comerciales.